Programa de Capacitación en Enfoque de Género

Proponemos que los concejales, asesores y empleados del Concejo Deliberante apliquen el enfoque de género al momento de la elaboración de las normas para contribuir al empoderamiento de la mujer y la igualdad de género.
Para ello presentamos un proyecto para desarrollar diferentes espacios de capacitación, debate y articulación con diversos sectores e instituciones.

Honorable Concejo Deliberante

Guillermo Saenz Saralegui

S                      /                      D

FUNDAMENTACIÓN

El Programa de Capacitación en Enfoque de Género en la Labor Legislativa, en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, se fundamenta en la necesidad de incorporar la perspectiva de género, tanto al interior de la labor legislativa y de la dinámica de participación e interacción de mujeres y varones concejales y de todo el personal del HCD; como en el diseño, desarrollo e implementación de los proyectos y normativas que se dirigen a diferentes problemáticas de nuestro municipio.

El proyecto se presenta en un contexto en el que se han dado grandes avances, en las últimas décadas, respecto de la consideración de la problemática de género en la legislación y las políticas públicas, que han llevado a una mayor igualdad de derechos sociales, políticos y civiles entre varones y mujeres, y al reconocimiento de desigualdades y discriminaciones que requieren un tratamiento más equitativo. En efecto, se visibiliza su institucionalidad en el Estado, a partir de la creación de organismos especializados y de la implementación de políticas sociales y de empleo en cuyos fundamentos se encuentra el objetivo de promover la equidad y/o mejorar la situación de las mujeres y de las personas con identidades sexuales diversas.

Sin embargo, persisten brechas de género en las esferas pública y privada; en los ámbitos de la política, la economía, la cultura, la educación y la vida doméstica, familiar y social en general. Las mujeres han aumentado significativamente su participación en el mercado laboral y en la actividad política y gremial. Pero dicho incremento coexiste con la persistencia de fuertes dificultades para el acceso de las mujeres a los lugares de decisión y jerarquía laboral, política y sindical, con una brecha salarial sostenida y con profundos obstáculos culturales a la inclusión de una perspectiva de género integral en las instituciones del Estado y la sociedad civil.

Un informe reciente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS)[1] muestra indicadores que dan cuenta de algunas de las desigualdades de género persistentes.  En relación con la participación en el mercado de trabajo, se observa que las mujeres participan menos y en peores condiciones: la tasa de actividad durante el primer trimestre de 2017 fue de 72,4%, para los varones y 48,1% para las mujeres. Mientras que la tasa de desocupación fue de 8,5% y 10,2% respectivamente y el trabajo no registrado las afecta en mayor proporción a ellas (34,9%) que a los hombres (31,6%). Además, las mujeres asalariadas tienen un ingreso promedio muy inferior a los varones: la brecha salarial por sexo indica que cobran un 23,5% menos en el sector registrado y un 35% menos en el empleo no registrado. Respecto de la participación de las mujeres en el ámbito político, sindical y empresarial, las dificultades de acceso a puestos jerárquicos o de decisión sigue siendo limitado: sólo el 18% de las secretarías o subsecretarías de sindicatos son ocupadas por mujeres y en el ámbito privado solo el 36% ejerce direcciones de empresa. En contraposición, la responsabilidad sobre las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, que se realizan en el hogar, sigue recayendo principalmente sobre las mujeres. Según la encuesta de uso del tiempo, el 58% de los varones le destinan 3,4 horas a tareas domésticas por día en contraste con el 89% de las mujeres, que le destinan 6,4 horas diarias.

A la vez, que se vive un contexto de emergencia social por la cantidad de femicidios y hechos de violencia de género registrados en los últimos años, que crecieron en número y en el nivel de gravedad que revisten.

En este complejo contexto, de avances y persistencias en las inequidades sociales de género, es que se propone un plan de capacitación para la incorporación del enfoque de género en la Labor Legislativa a nivel local, como un modo de contribuir a un cambio político y cultural que conduzca a una mayor igualdad de género en nuestra sociedad.

¿A qué nos referimos con enfoque de género?

El PNUD en la “Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo legislativo”[2] define al  género como el conjunto de características sociales, culturales, políticas, jurídicas y económicas asignadas socialmente en función del sexo de nacimiento de las personas; se trata del significado social diferencial que tiene el hecho de ser mujer y hombre y que, por tratarse de una construcción sociocultural, cambia a lo largo de la historia y varía de una cultura a otra.

Analizar una problemática social desde el enfoque de género nos sirve para analizar cómo dicha problemática afecta de modo diferencial a varones y mujeres en una misma sociedad, en tanto posibilita de-construir la legitimación y consolidación histórica de las desigualdades sociales fundadas en “lo biológico”, que en las sociedades occidentales se caracteriza por asignar menor valor y jerarquía a lo femenino.  Asimismo, su importancia radica en que permite pensar soluciones, políticas y herramientas para enfrentar la desigualdad, teniendo en cuenta las necesidades particulares y pensando en soluciones que aporten a la justicia y a la equidad[3].

En ese sentido, es sabido que las leyes, las políticas públicas y los programas estatales no son neutrales al género, ya que pueden producir o reforzar desigualdades sin buscarlo ni advertirlo, solo por el hecho de no tener en cuenta las diferencias y desigualdades existentes. Por eso, durante la elaboración, ejecución y evaluación de cualquier intervención o iniciativa pública es necesario analizar estratégicamente las posibles consecuencias sobre las condiciones de vida de mujeres y hombres[4]. Para ello, en las últimas décadas se han desarrollados estrategias de incorporación del enfoque de género a partir de su institucionalización y/o transversalización con el fin de garantizar la consideración de la problemática y la equidad de resultados en todas las etapas de una acción, política o programa estatal.

La institucionalidad de género refiere al entramado de políticas, acciones, concepciones, discursos, normas y reglas que desde el Estado se dirigen, directa o indirectamente, a modificar las desigualdades establecidas entre hombres y mujeres, a través de la generación de los cambios institucionales necesarios para modificar la condición social, económica y política de las mujeres, y recortar las brechas de desigualdad. Se trata de los mecanismos institucionales (como secretarías, áreas, unidades o consejos, entre otros) creados dentro de las estructuras organizativas de los gobiernos, a nivel nacional, provincial o local, para ocuparse particularmente de vincular la problemática de género a las políticas públicas y la legislación[5].

Por su parte, la estrategia más amplia de transversalidad se identifica como una herramienta para hacer de los intereses y necesidades de hombres y mujeres una dimensión integrada en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en los ámbitos políticos, sociales y económicos. El  concepto  de  “mainstreaming” o transversalidad de género”  fue  introducido  oficialmente  en  la  Conferencia  Mundial de las Mujeres de Beijing en 1995, como “el proceso  mediante  el  cual  se  valoran  las  implicaciones  para  las  mujeres  y  los hombres de cualquier acción planificada, incluyendo legislaciones, políticas o programas en todas las áreas y todos los niveles.  Es  una  estrategia  para  convertir  las  preocupaciones  y  experiencias  de  las  mujeres  y  los  hombres  en  una  dimensión  integral  de  diseño,  implementación,  monitoreo y evaluación de políticas, económicas y sociales, para que mujeres y hombres se beneficien igualmente y la desigualdad no se perpetúe”. Ya no se trata de acciones puntuales, sino que implica redefinir todas las actuaciones llevadas a cabo por un gobierno u organismo para que éstas contribuyan activamente a la igualdad de género. En suma, significa hacer política pública tomando como un objetivo central, y siempre presente, el logro de la igualdad de género[6].

¿En qué consiste la aplicación del enfoque de género en la labor legislativa?

Las bases de la desigualdad de género pueden reformarse mediante las leyes y políticas públicas. Ello requiere adoptar medidas económicas, fiscales, productivas, comerciales y sociales que incorporen la perspectiva de género. “Los poderes legislativos son canales de expresión de la pluralidad de voces, intereses y demandas sociales, y tienen atribuciones de representación, legislación y fiscalización. Juegan un papel insoslayable para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, reconociendo la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la inalienabilidad de los derechos humanos”[7].

Las acciones que se proponen desde la “Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo legislativo” del PNUD (2011) para promover la igualdad de género en la labor legislativa son, entre otras:

– Romper el techo de cristal (para permitir que más mujeres lleguen a puestos de decisión y representación política;

– Propiciar la conciliación entre trabajo remunerado (en este caso del ámbito público) y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado del hogar y la corresponsabilidad en la pareja;

– Modificar la cultura organizacional de las legislaturas;

– Mejorar el uso del lenguaje, que suele ser discriminador y masculinizante y no considera la diversidad;

– Garantizar el trato igualitario y la no discriminación;

– Promover el conocimiento y la comprensión del significado del enfoque de género;

– Promover la transversalidad de las políticas (analizar desde el diseño, el desarrollo, la aplicación y el impacto desde un enfoque de género).

Los pocos datos disponibles sobre la inclusión del enfoque de género y la participación de las mujeres en el ámbito legislativo, muestran que si bien a partir de la aplicación del cupo femenino para cargos electivos (y la reciente aplicación de la paridad en la Provincia de Buenos Aires) se ha avanzado en la inclusión de mujeres en los poderes legislativos nacional, provinciales y locales, aún se observan numerosas limitaciones a la incorporación del enfoque de género. Además, en muchos casos, el cupo del 30% de mujeres ha operado como un techo, un tope máximo, más que como un piso para la participación de las mujeres en las cámaras de diputados, senadores y en los consejos deliberantes locales.

¿Cuál es la situación en el ámbito de la política local?

El Índice de Paridad Política para Argentina, construido recientemente por el PNUD[8], analiza varias dimensiones que miden la paridad de género en la gestión política a nivel nacional, provincial y local. Entre las dimensiones incluye la paridad política en el Gobierno Local (Municipal), la cual mide dos indicadores: el porcentaje de mujeres intendentas y el porcentaje de concejalas. La dimensión del Gobierno Local arroja como resultado el menor nivel de paridad, en relación con otras dimensiones que miden la participación a nivel nacional y provincial. Los datos que se presentan en el informe corresponden únicamente a los municipios de la Provincia de Buenos Aires, ya que el país carece de información oficial para los 1.128 municipios argentinos. Más allá de estas limitaciones, es de destacar el ínfimo porcentaje de mujeres en cargos de Intendencia: apenas 2,9 % en la provincia más grande y poblada del país. En contraste, en las concejalías -para cuyas nominaciones hasta el 2016 se aplicaba la cuota del 30 %- el porcentaje de mujeres alcanza un 31,7 %.  En septiembre de 2016, en la Provincia de Buenos Aires había únicamente cuatro Intendentas entre los 135 municipios. Por su parte, el promedio de concejalas era de 31,7 %, ya que los partidos políticos estaban obligados a aplicar la ley de cuotas provincial de 30 % en las listas de candidatos (y desde 2017 comienzan a aplicar la ley de paridad de género).

Al comparar estos datos con información del período previo, se observa que la proporción de concejalas se mantuvo estable (con un leve descenso), pero la de intendentas se redujo significativamente, pasando de 5,9 % a 2,9 %. Este descenso implica que, en los hechos, las mujeres tienen limitaciones para ejercer su derecho a poder ser elegidas para desempeñar todas las funciones de gobierno, y también a acceder a espacios de poder valorizados en el sistema político.

Asimismo, en relación con la incorporación del enfoque de género en la labor legislativa a nivel local, no contamos con información que muestre si se presentan situaciones de desigualdad y/o discriminación en la dinámica de trabajo interno; tampoco datos que muestren si se considera o no la problemática de la desigualdad de género al momento de presentar, aprobar y aplicar ordenanzas y normativas municipales. Para ello, resulta necesaria la realización de diagnósticos en cada municipio.

En el caso del Programa de Capacitación en Enfoque de Género en la Labor Legislativa, propuesto para el ámbito del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, el primer punto del proyecto destaca la importancia de realizar un diagnóstico acerca de la problemática de género en el ámbito del HCD, para reconocer las dificultades específicas de este espacio y diseñar las capacitaciones de acuerdo a la información recabada.

Una vez obtenida dicha información, se diseñarán las capacitaciones, teniendo en cuenta la propuesta del PNUD (2011) y las particularidades del contexto local, las cuales serán dirigidas tanto a concejales y concejalas como a todo el personal de los bloques políticos y de planta permanente. Dichas capacitaciones y las reflexiones que se desarrollen a lo largo de las mismas apuntarán, por un lado, a mejorar la igualdad y equidad de género tanto al interior del ámbito legislativo (en la participación de varones y mujeres, la dinámica de trato y de trabajo interno, el uso del lenguaje, los mecanismos que permitan conciliar el trabajo legislativo con las responsabilidades familiares y la corresponsabilidad en la pareja, entre otras dimensiones); y por otro lado, a generar los conocimientos y herramientas necesarias para incorporar el enfoque de género en la labor legislativa, institucionalizar su aplicación e iniciar el camino hacia la transversalidad, que apunta a considerar la búsqueda de la equidad en el diseño, discusión, implementación y análisis de las ordenanzas y toda normativa elaborada en el seno del HCD del Municipio de general Pueyrredon.

ORDENANZA

Artículo 1º.- Créase el Programa de Capacitación en Enfoque de Género en la Labor Legislativa, en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante, el cual tendrá como objetivos los siguientes:

a) Realizar un diagnóstico acerca de la problemática de género en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante, para reconocer las dificultades específicas de este espacio y diseñar las capacitaciones de acuerdo a la información recabada.

b) Capacitar al personal de bloques políticos, personal de planta permanente y legisladores locales en la aplicación del enfoque de género en la labor legislativa.

c) Generar espacios de debate, discusión y participación para el mejoramiento de la labor legislativa desde el enfoque de género.

d) Fomentar el empoderamiento de las mujeres en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante, tanto aquellas que se desempeñan como personal -político o de planta permanente- como así también las legisladoras locales.

e) Constituir un ámbito desde el cual se repliquen las capacitaciones hacia otras dependencias de la Municipalidad de General Pueyrredon, como así también organizaciones del ámbito privado y de la sociedad civil.

Artículo 2º.- El Programa de Capacitación en Enfoque de Género en la Labor Legislativa desarrollará, entre otras, las siguientes actividades:

a) Desarrollo de capacitaciones para el personal -político y de planta permanente- con base en la “Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo legislativo” elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Consejo Nacional de las Mujeres.

b) Desarrollo de capacitaciones para el personal municipal del Departamento Ejecutivo que cumpla tareas de redacción y elaboración de normativa -decretos, ordenanzas, entre otros- para la incorporación del enfoque de género en dicho proceso.

c) Firma y desarrollo de convenios de cooperación con las Universidades locales y especialmente con la Universidad Nacional de Mar del Plata, para la realización de las acciones mencionadas en los incisos anteriores por parte del Grupo Estudios del Trabajo (GrET).

d) Realización de Jornadas- debate y Jornadas de Trabajo, que trabajen fundamentalmente el rol de las mujeres en el ámbito legislativo y la importancia del enfoque de género en la redacción de la normativa.

e) Inclusión del enfoque de género en las actividades que realice el Honorable Concejo Deliberante con escuelas del Partido de General Pueyrredon.

Artículo 3º.- Crease una Mesa de Trabajo permanente en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante para la gestión y ejecución del Programa de Capacitación en Enfoque de Género en la Labor Legislativa, la cual estará integrada por:

 –  Un/a representante por cada bloque político

– Un/a representante de la Dirección de la Mujer

 – Un/a representante de cada unidad académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata

– Un/a representante del Instituto de Estudios de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata.

 Artículo 4º.- De forma.-

[2] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011) Ana Laura Rodriguez Gustá y Mariana Caminotti. – 1a ed. – Buenos Aires. España AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo; Buenos Aires: Consejo Nacional de las Mujeres; ONU Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

[3] Aspiazu, Eliana (2014 y 2016).

[4] PNUD, idem.

[5] Al respecto escriben Guzmán (2001); Yannoulas (2005), Rico (2008) y otros.

[6] Al respecto escriben: PNUD (2011), Goren (2010), García Prince (2008), De La Cruz, 2009, y otros.

[7] PNUD, ídem.

[8] Caminotti, M. (2017) “La paridad política en Argentina: avances y desafíos”- Buenos Aires: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD; Lima: IDEA Internacional; Panamá:Organización de las Naciones Unidas. Mujeres, 2017.